El gobernador anunció que la Provincia se presentará como querellante en la causa por el hallazgo de módulos alimentarios en una vivienda de Manantial Sur. También expuso que se arbitrarán medidas para garantizar que la asistencia llegue directamente a las familias beneficiarias, eliminando intermediarios y fortaleciendo los mecanismos de control, a partir del comienzo del nuevo año.
Las irregularidades con el manejo de la mercadería se conocieron a raíz de un operativo policial ante una denuncia de violencia de género en el barrio Manantial Sur. El ministro de Desarrollo Social reconoció que la mercadería correspondía a los lotes que esa área distribuye para la contención alimentaria de las familias más vulnerables, pero que fue entregada a una organización social que maneja el padre de la persona denunciada. “La mercadería es entregada a organizaciones con personería jurídica que cumplen un rol social. Contamos con mecanismos estrictos que incluyen cruces de datos, rendiciones físicas y digitales, y controles aleatorios, incluso los fines de semana”, dijo el funcionario, a propósito de una tarea que, dijo, beneficia a 137.000 familias tucumanas, desde que a comienzos de año el Gobierno nacional cambió los sistemas de ayuda a las familias vulnerables, sacando a los intermediarios. De eso se hizo cargo la provincia. “A pesar de los controles, han encontrado formas de sortear el sistema. Es nuestra obligación identificar y corregir estas fallas para garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan”, añadió el ministro.
Se trata de la misma área en la que en enero pasado hubo una denuncia de venta ilegal de mercadería comprada por el Gobierno para la contención social. Este nuevo episodio desencadenó críticas y cuestionamientos de la oposición que se pregunta por los controles. Ahora el Gobernador ha aseverado que se actuará con todo rigor y pidió respetar la tarea de investigación de la Justicia. “No obstante, dijo, “no nos quedaremos con los brazos cruzados esperando que la Justicia decida; esperamos que sea lo antes posible. Se debe determinar a los responsables, hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga”. En este sentido, anunció la eliminación de la intermediación en la asistencia social, con lo cual se puede tener una dimensión de las complejidades de un sistema que se lleva a cabo de la misma manera desde hace mucho tiempo y que ha sido cuestionado con severidad y dureza por el Gobierno nacional a comienzos de año, cuando eliminó áreas y sobre todo separó a las organizaciones sociales que intermediaban con estas ayudas. Es de esperar que se implementen medidas de verdadero control para cambiar los esquemas que distorsionan la forma de auxiliar a las familias vulnerables y que, como se ha visto en este caso, han dado lugar a irregularidades cuya profundidad por ahora se desconoce. Se espera que la Justicia actúe pero también hay que depurar una forma de trabajo para lograr que la asistencia se haga de modo transparente y que la ayuda social llegue directamente a las personas.